MORELIA, MICHOACÁN.– La consolidación de la justicia laboral en Michoacán enfrenta una etapa crítica que exige la actualización inmediata de sus actores, de acuerdo Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente del Capítulo Michoacán de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, que hoy, rindió protesta en Michoacán.

El mayor desafío actual, es la transición hacia un modelo de oralidad y conciliación que aún se encuentra en proceso de maduración con retos urgentes: Profesionalización y perfiles especializados.

Para la Academia, el reto principal radica en enfrentar las nuevas dinámicas legislativas y tecnológicas tras cinco años de la implementación de la reforma en el estado, refirió el abogado la bolsita, Luis Fernando Rodríguez Vera, quien destacó que la eficacia de los nuevos juzgados de oralidad y centros de conciliación depende directamente de la pericia de quienes operan el sistema.
"El reto es mayúsculo porque la materia de trabajo es sumamente sensible. Actualmente, nos enfrentamos al desafío de contar con jueces que no siempre poseen perfiles puramente laboralistas; por ello, la Academia busca coadyuvar en este proceso de formación técnica", explicó el especialista.

Asimismo, subrayó la responsabilidad de los conciliadores, quienes fungen como el primer filtro de justicia tanto para empresas como para trabajadores y sindicatos.

La estrategia consiste  en capacitación integral, para solventar estas brechas de experiencia, para lo cual, la Academia implementará una agenda basada en: seminarios y congresos especializados, vinculación académica, integración de talentos provenientes de la judicatura, la docencia y las distintas universidades del estado.

La actualización constante es un enfoque preventivo ante los cambios tecnológicos que impactan el entorno legal.

Fundada en 1970 por destacados juristas, la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo tiene su sede central en la Ciudad de México con la apertura del capítulo en Michoacán, la institución extiende su presencia nacional, sumándose a las delegaciones ya existentes en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Sonora, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del derecho social en el país.