Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Han transcurrido más de seis años desde que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en Huetamo, Michoacán, la federalización de la nómina educativa.
Esta semana, durante su visita a Morelia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuestionó profundamente esa promesa.
Su mensaje fue claro: no es necesaria la federalización porque “se paga puntualmente cada quincena”.
Este argumento simplista evidencia un profundo desconocimiento o, peor aún, una deliberada evasión de las implicaciones estructurales que tiene la ausencia de esta medida para más de treinta mil trabajadores de la educación y cientos de miles de estudiantes michoacanos.
La U-080: paliativo insuficiente, no solución estructural
Es cierto que el Programa Presupuestario U-080 ha permitido transferir recursos federales extraordinarios al gobierno estatal para solventar el pago de la nómina educativa.
Este mecanismo, implementado desde la administración de Silvano Aureoles, ha evitado colapsos financieros y paros magisteriales generalizados como los que se vivieron en 2020 y 2021. Sin embargo, presentar este esquema como equivalente a la federalización de la nómina es una falacia que merece ser desmantelada punto por punto.
En primer lugar, la U-080 es un programa sin suficiencia presupuestal propia, carente de la etiquetación y los candados fiscales que sí posee el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Mientras que el FONE cuenta con mecanismos robustos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación y está sujeto a escrutinio del Congreso de la Unión, la U-080 funciona como una “manguera” presupuestal contingente: su ejercicio depende de la voluntad política y de acuerdos bilaterales entre federación y estado que se firman mes a mes. No existe garantía institucional, no hay certidumbre jurídica, no hay transparencia comparable.
En segundo término, el porcentaje de recursos federales transferidos a través de la U-080, 34.5% del total de la nómina estatal” permanece exactamente igual desde que se negoció durante la administración de Aureoles Conejo. A 51 meses del actual sexenio estatal, no se ha logrado incrementar ni un solo punto porcentual en la participación federal. Esto significa que dos tercios de la nómina educativa estatal siguen siendo responsabilidad exclusiva del gobierno michoacano, presionando brutalmente sus finanzas y limitando su capacidad de inversión en infraestructura, materiales didácticos, formación docente y mejora de la calidad educativa.
Tercero, y quizá lo más grave: la U-080 clienteliza y subordina al magisterio estatal a la voluntad política. Los trabajadores de la educación quedan rehenes de negociaciones políticas, de acuerdos cupulares, de vaivenes presupuestales. Su derecho laboral a recibir un salario puntual y completo queda condicionado a que “se quiera” firmar el convenio mensual, no a que “se deba” hacerlo por imperativo legal. Esta situación es incompatible con el estado de derecho y con la dignidad que merecen quienes dedican su vida a educar a las futuras generaciones.
Desigualdad institucionalizada: la discriminación invisible
El secretario Delgado preguntó retóricamente: “¿ Qué importa de dónde vienen los recursos si a ti como maestra te caen puntualmente cada quincena lo que debes ganar ?”
La respuesta es contundente: importa, y mucho. Porque no se trata solo de recibir un depósito bancario quincenal, sino de las condiciones laborales, prestaciones, derechos y oportunidades profesionales que acompañan ese pago.
Los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento es estatal, aproximadamente la tercera parte de la plantilla docente michoacana, enfrentan una discriminación sistémica que viola el artículo 123 constitucional: “a trabajo igual, salario igual”. Estas son las diferencias concretas y verificables:
Desigualdad salarial y de prestaciones. Los maestros estatales no tienen homologación salarial con sus pares federales. Realizan exactamente las mismas funciones, atienden a los mismos estudiantes, enfrentan los mismos desafíos pedagógicos, pero perciben salarios menores y prestaciones incompletas. No cuentan con el mismo acceso a estímulos económicos, bonos, apoyos para actualización profesional ni esquemas de jubilación equiparables.
Ausencia de sistema de carrera profesional.
No existen convocatorias de ascenso para maestros estatales. Un docente puede tener 20 o 25 años de servicio profesional impecable y nunca ha tenido la oportunidad de competir para ser director, supervisor, asesor técnico-pedagógico o acceder a funciones de mayor responsabilidad. Mientras los maestros federales participan en procesos de promoción horizontal y vertical, los estatales están condenados a permanecer en la misma plaza indefinidamente, sin importar su mérito, experiencia o capacidades.
Opacidad e irregularidades administrativas.
El proceso de contratación, asignación de plazas y trámites administrativos para maestros estatales carece de los estándares de transparencia que rigen para las plazas federales. El reciente fallo de la Suprema Corte sobre preferencia para normalistas apenas expone la punta del iceberg: detrás hay décadas de contrataciones discrecionales, tráfico de influencias, comisiones sindicales opacas y decisiones basadas en lealtades políticas más que en perfiles académicos.
Incertidumbre jurídica y laboral.
Miles de trabajadores ingresaron al servicio sin que jamás se les entregara su Formato Único de Personal (FUP). Otros cobran en centros de trabajo diferentes a donde fueron adscritos. Muchos no han sido basificados a pesar de contar con años de antigüedad.
La reciente entrega de basificaciones masivas, sin difundir listados completos ni criterios transparentes, ejemplifica la gestión irregular que ha prevalecido históricamente.
Impacto en derechos de seguridad social.
La situación irregular de muchas plazas estatales genera problemas con Pensiones Civiles del Estado, créditos personales, seguros de vida, acceso a servicios médicos y sistemas de jubilación. La falta de regularización administrativa coloca a estos trabajadores en una situación de vulnerabilidad que se agrava con el paso de los años.
Pretender que estas desigualdades son irrelevantes porque “la quincena cae puntual” afrenta a la dignidad docente. Es como decir que un trabajador debería estar agradecido por recibir su salario básico, sin importar que sus compañeros que hacen exactamente lo mismo tengan prestaciones superiores, oportunidades de desarrollo y certeza jurídica.
Los derechos educativos de la niñez: los grandes olvidados
La federalización de la nómina educativa no es, en última instancia, un tema laboral. Es un tema de derechos humanos educativos. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar que los niños y jóvenes michoacanos ejerzan plenamente su derecho a estar, aprender y participar en la escuela.
Cuando un maestro vive en la incertidumbre de si recibirá su pago completo o a tiempo, cuando no tiene certeza sobre su estabilidad laboral, cuando se siente discriminado respecto a sus colegas federales, cuando ve bloqueadas sus oportunidades de desarrollo profesional, esas tensiones inevitablemente impactan el clima laboral en las escuelas y, por ende, la calidad de la atención educativa que reciben los estudiantes.
Además, la opacidad que caracteriza a la gestión de la nómina estatal perpetúa la existencia de aviadores, comisionados sindicales que no pisan un aula en años, traficantes de plazas y corruptos que medran con recursos destinados a la educación. Cada peso que se paga a alguien que no devenga su salario es un peso que se roba a la formación integral de la niñez michoacana. Cada plaza que ocupa un aviador es una plaza que le falta a un grupo escolar que necesita maestro.
Desde 2009, en Mexicanos Primero Michoacán hemos documentado cómo la descomposición de las finanzas educativas estatales se traduce directamente en escuelas de palitos, aulas sin materiales didácticos, centros escolares sin servicios básicos, plantillas docentes incompletas y estudiantes sin las condiciones mínimas para aprender. Mientras el estado destina una proporción desmedida de su presupuesto a cubrir una nómina mal administrada, no quedan recursos para invertir en lo que realmente transforma vidas: infraestructura digna, formación docente de calidad, evaluaciones de aprendizaje, programas de apoyo socioemocional, conectividad, innovación pedagógica.
Promesas rotas: de López Obrador a Sheinbaum
En 2019, en Huetamo, el presidente López Obrador prometió que Michoacán sería el primer estado en federalizar su nómina educativa. En enero de 2020 se firmó un convenio que generó esperanza. En marzo de 2021, en el marco del Plan de Apoyo a Michoacán, se reiteró el compromiso.
Durante la campaña presidencial de 2024, los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum ya no incluían la federalización de la nómina educativa. El tema había desaparecido de la agenda nacional. Y ahora, en enero de 2026, el secretario Delgado confirma oficialmente lo que era evidente: la promesa quedó incumplida. Más aún: la autoridad educativa federal declara innecesaria la medida, clausurando cualquier posibilidad de que se concrete en el futuro inmediato.
Lo que resulta particularmente doloroso es que se trata de un gobierno que se asume heredero de la Cuarta Transformación, que dice colocar a las personas en el centro, que proclama el humanismo y la revalorización docente. Sin embargo, cuando llegó el momento de transformar estructuralmente el sistema de pago magisterial, cuando era necesario enfrentar intereses creados, corrupción enquistada y resistencias institucionales, optó por la salida fácil: transferir recursos mediante un programa presupuestario contingente y declarar “misión cumplida”.
El gobernador descartó que la federalización sea “letra muerta”;argumentando que el pago se realiza “quincena tras quincena, salario tras salario”. Pero esa respuesta evasiva no responde lo fundamental: ¿ dónde está el sistema de carrera para maestros estatales ? ¿Dónde está la homologación salarial ? ¿Dónde están los mecanismos de transparencia y fiscalización equivalentes al FONE ? ¿ Dónde están las convocatorias meritocráticas para ascensos ? ¿ Dónde está la certeza jurídica ?
¿Quiénes se oponen y por qué?
Como he documentado durante años, la federalización de la nómina educativa enfrenta resistencias formidables. Los beneficiarios de la corrupción no quieren ser exhibidos ni excluidos de cobrar sin devengar. Los aviadores temen que una compulsa presencial los exponga. Los traficantes de plazas saben que un sistema meritocrático y transparente acabaría con su negocio. Las dirigencias sindicales que han lucrado con comisiones opacas ven amenazados sus privilegios. Los actores políticos que han usado la nómina como moneda de cambio electoral pierden una herramienta de control.
Pero también hay otro tipo de resistencia más sutil y peligrosa: la de quienes, desde el poder, calculan que el costo político de implementar la federalización es mayor que el beneficio electoral que obtendrían. Enfrentar a los grupos de presión, limpiar la nómina, transparentar las irregularidades, requiere valentía política y visión de largo plazo. Es más cómodo administrar el statu quo, gestionar mes a mes la U-080, declarar que todo está bien porque “se paga a tiempo”.
Lo que estos actores no entienden, o fingen no entender, es que cada año que pasa sin federalización perpetúa la injusticia, profundiza la desigualdad, normaliza la corrupción y vulnera los derechos de miles de maestros y cientos de miles de estudiantes. No es un tema que pueda seguir postergándose sine die.
Pasos indispensables hacia la federalización
La federalización de la nómina educativa no es una utopía. Es perfectamente viable si existe voluntad política real. Estos son los pasos que deben darse:
Transparencia radical. Publicar las plantillas completas de personal de cada centro educativo en Michoacán. Difundir los listados de todos los trabajadores de la educación, su adscripción, su función, su horario. Que la ciudadanía pueda verificar quiénes están cobrando y dónde deberían estar trabajando. Implementar sistemas de control biométrico de asistencia en todas las escuelas. La opacidad es el caldo de cultivo de la corrupción.
Compulsa presencial y verificación en campo. Realizar una auditoría exhaustiva, escuela por escuela, para verificar que cada persona en la nómina efectivamente está cumpliendo su función. El “pase de lista”virtual realizado por la Auditoría Superior de la Federación en años pasados exhibió más de 13,000 irregularidades, pero no fue suficiente. Se requiere una revisión presencial, con criterios bancarios y fiscales rigurosos.
Ruta voluntaria y gradual para maestros que sí trabajan. Crear un mecanismo transparente, legal y amigable para que los trabajadores de la educación que efectivamente devengan su salario, que tienen el perfil adecuado y cumplen con su función puedan voluntariamente tramitar su federalización. Este proceso debe tener máxima publicidad, participación ciudadana y debe ser homologatorio: garantizar que al federalizarse no pierdan derechos adquiridos y accedan a las mismas condiciones que los maestros federales.
Incremento progresivo del porcentaje federal. Negociar un aumento gradual pero sostenido del porcentaje de la nómina que cubre la federación. Pasar del actual 34.5 por ciento a 50 por ciento, luego a 66 por ciento, hasta alcanzar la federalización total. Esto requiere coordinación entre los poderes ejecutivos federal y estatal; pero, sobre todo, exige que el Congreso de la Unión etiquete recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.
Regularización administrativa integral. Resolver los problemas acumulados: entregar FUP a quienes no lo tienen, corregir adscripciones erróneas, basificar conforme a criterios transparentes, atender irregularidades en prestaciones y jubilaciones. Esto debe hacerse antes o durante el proceso de federalización, no después.
Establecer sistema de carrera profesional. Diseñar e implementar convocatorias periódicas, transparentes y meritocráticas para ascensos y promociones de maestros estatales. Crear oportunidades reales de desarrollo profesional basadas en el mérito, no en lealtades políticas o sindicales.
Participación y vigilancia ciudadana. Todo el proceso debe realizarse con observación de organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y ciudadanía en general. Los resultados deben ser públicos. Las decisiones, justificadas. Los criterios, conocidos. La opacidad debe quedar absolutamente desterrada.
En suma, es momento de dejar de trivializar un problema estructural. La federalización de la nómina educativa michoacana no es equivalente a transferir recursos mensuales mediante la U-080. Es una transformación integral que implica homologación salarial, sistema de carrera, transparencia, fiscalización y certeza jurídica. Si verdaderamente se cumplirá con la revalorización docente y en el derecho a la educación, es preciso dejar de administrar paliativos y de construir soluciones estructurales.
Es momento de elevar un llamado a la acción:
Al Gobierno del Estado: no debe de conformarse con gestionar mes a mes un convenio extraordinario. Exijan al gobierno federal que cumpla el compromiso presidencial. Presenten una ruta crítica con fechas específicas. Transparenten totalmente la nómina educativa. Implementen controles biométricos. Publiquen las plantillas completas. Regularicen las situaciones administrativas pendientes. Demuestren que verdaderamente están comprometidos con sanear las finanzas educativas.
Al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado: Asuman su responsabilidad de vigilancia presupuestal. En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2027, incluyan partidas específicas para avanzar en la federalización progresiva. Fiscalicen rigurosamente el ejercicio de la U-080. Exijan transparencia total. No permitan que la opacidad siga siendo la norma.
A los trabajadores de la educación: No se conformen con recibir su quincena puntualmente. Exijan igualdad de condiciones con sus pares federales. Demanden un sistema de carrera profesional. Reclamen certeza jurídica. Participen activamente en los procesos de regularización y verificación. La dignidad docente no se negocia.
A la ciudadanía michoacana: No dejemos que este tema salga de la agenda pública. Usemos solicitudes de acceso a la información. Exijamos rendición de cuentas. Comentemos en redes sociales. Preguntemos a nuestros representantes qué están haciendo al respecto. Vigilemos que los recursos destinados a la educación lleguen efectivamente a las aulas y no se diluyan en corrupción y opacidad.
Han transcurrido 17 años desde que comenzamos a hablar de la necesidad de un rescate integral de las finanzas educativas michoacanas. Han pasado 34 años desde que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica descentralizó responsabilidades sin recursos suficientes. Han corrido 30 años desde que se firmaron las primeras minutas que crearon compromisos financieros insostenibles. Han transcurrido 16 años desde que la Alianza por la Calidad Educativa dejó a Michoacán sin plazas federales. Y han pasado 6 años desde que el presidente López Obrador prometió federalizar la nómina.
La espera ha sido demasiado larga. Las excusas, demasiado abundantes. Los paliativos, demasiado insuficientes. Es momento de que las autoridades federales y estatales demuestren si verdaderamente están comprometidas con transformar la educación o si se conformarán con administrar los problemas.
La federalización de la nómina educativa es mucho más que la U-080. Es mucho más que transferir recursos quincenales. Es justicia social para los trabajadores de la educación. Es respeto al estado de derecho. Es garantía de los derechos educativos de la niñez y juventud michoacanas. Es saneamiento estructural de las finanzas estatales. Es transparencia y rendición de cuentas. Es condición necesaria para construir el sistema educativo que Michoacán merece.
Exijamos la prometida transformación.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
